El PP exige al Gobierno que se sitúe del lado “de la salud, la dignidad y el futuro de los jóvenes” ante el riesgo del juego online, y lo hace a través de una moción que defiende la viceportavoz del PP en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones y senadora por Cantabria, Elena Castillo.
La dirigente popular ha defendido ante este órgano mixto Congreso-Senado la iniciativa del PP que reclama inversiones para prevenir la ludopatía, “al menos la misma cantidad, que se destina para promover el juego”, recalca.
“El Gobierno debe decidir de qué lado está, porque llevar un casino en el bolsillo no es un juego”, asevera y critica la falta de apoyo de la iniciativa del resto de grupos, al aprobarse con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE, Sumar y Vox.
La senadora por Cantabria hace hincapié en que el Gobierno destina más de 100 millones de euros al año en publicidad institucional vinculada al juego, algo que califica de “incoherencia política”.
Explica que “no se puede hablar de prevención, ni combatir una adicción, si se promociona activamente”, y reclama “presupuesto, medidas vinculantes, evaluación real y prioridades claras”.
Ante estas evidencias, la viceportavoz del PP en la Comisión tilda el mensaje institucional frente al juego de “contradictorio” y advierte que la Estrategia de Juego Seguro, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en fase de elaboración, “aún no protege a nadie: Estamos a tiempo de exigir que no sea un documento vacío, porque España necesita una estrategia bien redactada”.
Antes de concluir, la parlamentaria del PP detalla que esta moción, aprobada con los votos del PP, “no es simbólica, es una exigencia política concreta”, y también pide que se investigue la adicción “desde la evidencia científica.
La moción del GPP en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones insta al Gobierno a:
1. Incrementar y priorizar la inversión en campañas y medidas de prevención de la ludopatía online, de forma que, como mínimo, se iguale o supere la cuantía total destinada a la promoción del juego, considerando todos los programas, campañas publicitarias y acciones financiadas desde ministerios, entidades públicas y cualquier instrumento de comunicación institucional.
2. Impulsar la realización de un estudio científico exhaustivo que profundice en la perspectiva neurológica, psicológica y social del trastorno por juego, integrando evidencia científica actualizada sobre factores de riesgo, mecanismos adictivos, impacto en la salud mental y tratamientos emergentes basados en la evidencia.
3. Poner en marcha campañas de concienciación y sensibilización dirigidas especialmente a adolescentes, familias y comunidades educativas, que aborden de manera explícita el impacto de las tecnologías digitales, los dispositivos móviles y las plataformas de juego online en la salud mental y el comportamiento, con el fin de reducir los riesgos asociados al uso compulsivo y prevenir la aparición de la adicción.
4. Establecer programas de formación y capacitación para profesionales de la salud, educación y servicios sociales, orientados al diagnóstico precoz, la derivación efectiva y el tratamiento integral de la ludopatía, con especial atención a la atención primaria, los servicios de salud mental y los recursos comunitarios.
5. Fomentar la colaboración interministerial y con las comunidades autónomas, así como con organizaciones de pacientes y entidades especializadas, para la creación de un plan de acción integral contra la ludopatía online, con objetivos medibles, indicadores de seguimiento y recursos asignados de forma sostenida.
